Los Precios de Transferencia, conforme al concepto establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se refieren a los precios a los que una empresa transfiere bienes tangibles, servicios o derechos de propiedad intelectual a otras partes relacionadas, como subsidiarias, sucursales o empresas afiliadas en diferentes jurisdicciones. En Honduras, la implementación de este régimen tuvo sus inicios en 2011, aunque no fue hasta 2014 que se puso en marcha oficialmente mediante el Decreto N°232-2011.
Un hito significativo se produjo en septiembre de 2015 con la publicación del Acuerdo N°027-2015, el cual detallaba las regulaciones de la ley de precios de transferencia en Honduras. Este acuerdo no solo estableció plazos para la presentación de informes, sino que también delineó la metodología a seguir, entre otros aspectos. Desde entonces, los contribuyentes afectados por esta normativa se han visto obligados a cumplir con los requisitos de declaración a partir de ese año.
Además, a finales de 2016, se introdujeron modificaciones en el Artículo 113 del Código Tributario de Honduras, específicamente en relación con los precios de transferencia. Según estas modificaciones, las personas físicas o jurídicas con partes relacionadas dentro del país ya no están obligadas a presentar el Estudio de Precios de Transferencia.
Desde la perspectiva fiscal del gobierno, los Precios de Transferencia representan una herramienta crucial para garantizar que las transacciones entre empresas relacionadas se realicen a precios justos y reflejen adecuadamente los ingresos y ganancias generados dentro del país. Esto no solo ayuda a prevenir la evasión fiscal, sino que también asegura una tributación adecuada y equitativa de las empresas multinacionales que operan en Honduras.
Por otro lado, desde la perspectiva empresarial, los Precios de Transferencia implican el desafío de establecer políticas de precios internos que sean coherentes con las regulaciones fiscales y, al mismo tiempo, que permitan maximizar la eficiencia operativa y la rentabilidad. Esto requiere un análisis cuidadoso de las transacciones entre partes relacionadas para garantizar que los precios acordados sean comparables a los que se observarían en un mercado libre y competitivo.
Puedo resaltar, que la regulación de Precios de Transferencia en Honduras ha cambiado a lo largo de los años con algunas reformas e interpretaciones, para poder adaptarse a las necesidades tanto del gobierno como de las empresas.
El cumplimiento adecuado de estas regulaciones es fundamental para mantener la equidad fiscal y promover un entorno empresarial transparente y justo.
Desde la perspectiva fiscal del gobierno, los Precios de Transferencia representan una herramienta crucial para garantizar que las transacciones entre empresas relacionadas se realicen a precios justos y reflejen adecuadamente los ingresos y ganancias generados dentro del país. Esto no solo ayuda a prevenir la evasión fiscal, sino que también asegura una tributación adecuada y equitativa de las empresas multinacionales que operan en Honduras.